Sin noticias de su dueño desde el cierre repentino de Diplomarket en Cuba

Frank Cuspinera Medina, dueño de Diplomarket, el llamado “Costco cubano”, y su esposa, Camila, se encuentran en paradero desconocido tras ser supuestamente detenidos el pasado 20 de junio en La Habana. La información fue difundida el sábado por la página de Facebook La Tijera, en un principio haciéndose eco de que al supermercado llegó un operativo de la Seguridad del Estado y “dos guaguas” con auditores de Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado de las Fuerzas Armadas.

El viernes, en el grupo de WhatsApp gestionado por Diplomarket, un mensaje anunciaba que se encontraban “cerrados hasta nuevo aviso”, explicando: “Tenemos problemas para operar por la licencia comercial que debe ser renovada”. De igual manera, la app del comercio, que aún puede visitarse, presenta la leyenda: “We are offline - Send us an email” (“Estamos fuera de servicio - Envíenos un e-mail”).

“Parece que ya El Cangrejo, nieto del dictador Raúl Castro ya no necesita de su testaferro miamense Frank Cuspinera Medina”, elucubraba el post de La Tijera, refiriéndose a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hijo del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja y Déborah Castro Espín y guardaespaldas de su abuelo. El breve texto recordaba también que Cuspinera Medina era vicepresidente de Las Américas TCC Corporation, con sede en Pompano Beach (Florida), y que desde hace años residía en El Vedado, donde se había comprado “una mansión gracias a su relación con la cúpula dictatorial”.

Al día siguiente, La Tijera divulgaba más detalles del caso a partir de un e-mail recibido. Según esta fuente anónima, el pasado jueves las “fuerzas militares cubanas” intervinieron el negocio del cubanoamericano, y tanto él como su esposa se encuentran “incomunicados” desde ese día, acusados de “evasión fiscal, tráfico de moneda y lavado de activos”. Estas acusaciones, denunciaba el correo electrónico, “no son más que un pretexto para que el régimen se apropie de sus bienes”.

“Las autoridades esperaron el cierre del día para irrumpir en su empresa y llevarse todo, una venta que ellos mismos habían autorizado previamente”, proseguía el texto, que aseguraba que al día siguiente de esos hechos, “comenzaron a confiscar todos los bienes de su empresa para repartirlos entre los miembros de la cúpula castrista”.

La fuente de La Tijera enmarca la operación dentro de un “patrón repetitivo” en el que “el régimen castrista ataca a aquellos que intentan crear oportunidades y prosperidad fuera del control estatal”. Sin embargo, no era el caso de Cuspinera, bien afincado en ambas orillas del estrecho de Florida desde hacía años y cuyo Diplomarket se encuentra en terrenos propiedad de Gaesa, en el kilómetro 8 1⁄2 de la carretera Monumental, en el barrio de Berroa, a más de 10 kilómetros al este del centro de La Habana.

Las Américas TCC, entre otras actividades, se encargaba de surtir al “Costco cubano”, inaugurado a finales de 2022. El supermercado, que antes de abrir físicamente ya operaba para compras online, comenzó a operar discretamente hasta que un tuit del corresponsal de la cadena estadounidense CNN, Patrick Oppmann, que no mencionaba su nombre, le puso el foco encima casi un año después.

En aquella ocasión, se pudo comprobar por parte de reporteros de 14ymedio la fuerte vigilancia a la que estaba sometido. En una primera garita, tomaban los datos de los vehículos junto a la hora de entrada, y más adelante había otra caseta con guardia, antes de entrar en la tienda. En la puerta, dos individuos miraban a todos los que entraban de arriba abajo, y una pantalla grande mostraba el movimiento de las cámaras de seguridad, colocadas por doquier. De “unidad militar”, la calificó una clienta habitual.

Quién era su dueño, entonces, no era fácil de averiguar, pues la firma no se encontraba en el listado de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación y el nombre de Cuspinera no aparecía en la web de Diplomarket. 

En cambio, sí figuraba como vicepresidente de Las Américas TCC. Consultando páginas especializadas, este diario comprobó que había tenido domicilio en Estados Unidos y que en la actualidad lo tenía en El Vedado habanero. En 2021 había aparecido como “especialista en un encuentro entre trabajadores por cuenta propia y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.

Ese mismo año, su nombre también figuró en una carta que varios emprendedores cubanos remitieron al presidente estadounidense, Joe Biden, para pedirle que levantara las sanciones contra el Gobierno de la Isla, que perjudicaban sus negocios. En la misiva no aparecía como miembro de Las Américas TCC sino por parte de Iderod Servicios Constructivos.

Esta última firma tampoco estaba en el listado de mipymes del régimen, pero sí una empresa con su nombre, Cuspinera SURL LVI, dedicada a “brindar servicios de plataforma de comercio electrónico”. Igual que una rama de Las Américas TCC.

Este lunes, 14ymedio intentó contactar sin éxito a todos los números comerciales de esas firmas. Los de Las Américas TCC, en Miami, aparecen desconectados, y lo mismo los de Diplomarket. Al llamar a Iderod Servicios Constructivos, un nervioso interlocutor, quien no dio su nombre pero dijo ser ex gerente de Diplomarket, explicó que el número “ya no es de Frank” y que este “no había cancelado el desvío de llamadas”. No dio noticias de Cuspinera.

La situación, de confirmarse, recuerda a la del ex ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, detenido el pasado marzo, semanas después de ser destituido por “errores cometidos en el ejercicio de su cargo”, y del que nada se sabe desde entonces. Su hermana, María Victoria Gil, contó en entrevista con 14ymedio que el ex alto funcionario, quien había sido mano derecha de Díaz-Canel, y su esposa, Gina María González, se encontraban “incomunicados”.

“En Cuba hay unas casas especiales, que son de la Seguridad del Estado, muy buenas casas, en Miramar y en Nuevo Vedado, donde se llevan a las personas de alto nivel, de alto rango, entre comillas, que están siendo investigadas. Fue el caso de Carlos Lage y de muchísimos otros. Tienen todos los lujos y todas las comodidades, tampoco se les da un mal trato, ni mucho menos. Debe de estar en una de esas casas, no sé en qué dirección”, dijo entonces la ex presentadora de la televisión nacional.