Maduro presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo para blindar su mandato
La misión de la ONU para Venezuela denuncia la 'reactivación de la maquinaria represiva' chavista tras las elecciones.
Nicolás Maduro presentó este miércoles 31 de julio un recurso de amparo ante la sala electoral del oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para blindar su mandato, cuestionado por la oposición, buena parte de la sociedad de Venezuela y la mayoría de la comunidad internacional.
El gobernante introdujo el recurso en favor de los resultados electorales del domingo, en los que el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) lo designó como ganador, en unos resultados que la oposición ha declarado como manipulados porque no se totalizaron las actas.
De acuerdo con el reporte de Europa Press, Maduro acudió a la sede del TSJ para reunirse con los cuatro magistrados de ese órgano. Durante esa visita, no se produjo ninguna declaración pública ni explicación del recurso.
Según el sitio oficial del TSJ, el amparo constitucional es un medio procesal que tiene como finalidad asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. El recurso se caracteriza por ser oral, público, breve, sumario, gratuito y no sujeto a formalidad alguna.
La acción de amparo puede ser ejercida contra normas, actos administrativos de efectos generales o particulares, sentencias y resoluciones judiciales, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones de las autoridades o particulares, que vulneren o amenacen vulnerar un derecho constitucional, cuando no exista un medio procesal breve, sumario o eficaz acorde con la protección constitucional.
También tutela y protege la libertad y la seguridad personales a través de la acción de Habeas Corpus, la cual debe ser ejercida ante los tribunales de la jurisdicción penal.
Maduro culpó el martes último a los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado de las masivas protestas que por tercer día consecutivo se producen en 20 estados del país y en las que los venezolanos reclaman un veredicto electoral justo.
Hasta el momento, la ONG venezolana Foro Penal ha verificado al menos 16 muertos y decenas de heridos por la represión de las manifestaciones, a manos de grupos paramilitares prorégimen y efectivos del aparato represivo.
La misión de la ONU para Venezuela denuncia la "reactivación de la maquinaria represiva" tras las elecciones
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó este miércoles su preocupación por la violencia y abusos de derechos humanos en ese país tras las protestas por los resultados electorales del domingo, subrayando que es una muestra de la "reactivación de la maquinaria represiva" emprendida por el régimen de Nicolás Maduro.
"Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva, que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos", señaló en un comunicado la jurista argentina Patricia Tappatá, miembro de la misión tripartita, citada por la agencia EFE.
La misión, presidida por la portuguesa Marta Valiñas, dijo haber recibido denuncias de violencia desplegada en los últimos días por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al régimen (conocidos como "colectivos"), con al menos seis muertes, así como decenas de heridos.
También recordaron, citando informaciones del fiscal general, que al menos murió en el contexto de las protestas un miembro de la Fuerzas Armadas y hubo 46 heridos entre militares y policías.
La misión denunció que las informaciones apuntan al uso de armas de fuego contra personas que participaron en las manifestaciones, y recordaron que las operaciones de control del orden público "tienen que cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos, según los cuales el uso de la fuerza debe ser proporcionado y orientarse a la protección de la vida humana".
Las protestas en 17 de los 23 estados del país y en el distrito capital se saldaron con la detención de 749 personas, según el Ministerio Público, algunas de ellas privadas aún de libertad o enfrentando cargos graves, como delitos de terrorismo, recordaron los tres expertos.
La misión en este sentido expresó su preocupación por el paradero del coordinador del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Superlano, y de dos personas más que lo acompañaban, tras ser detenidos por individuos encapuchados armados en la mañana del 30 de julio.
Información preliminar obtenida por la misión indica que sus captores serían miembros del SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano.
Recordaron que otros cuatro dirigentes de organizaciones políticas de oposición fueron detenidos en las últimas horas, y que el fiscal general anunció una investigación contra la principal líder opositora, María Corina Machado, a la que vinculó con un ataque cibernético contra el CNE durante la jornada de votación.
La misión expresó además su preocupación por la situación de siete personas opositoras que solicitaron asilo en la residencia del embajador de Argentina, que han sido objeto de hostigamiento por parte de grupos de civiles en los últimos días.
"Las autoridades deben investigar y sancionar de manera independiente, expedita, imparcial y transparente todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes cometidos", resumió el chileno Francisco Cox, tercer miembro de la misión de Naciones Unidas.
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