Ley Migratoria Cubana: Restricciones a la Libertad de Movimiento

El Gobierno cubano acaba de publicar un nuevo proyecto de Ley de Migración para generar un supuesto debate público sobre si regular o no la imparable situación migratoria que enfrenta la Isla.

Entre los artículos más preocupantes están aquellos que oficializan el destierro de ciudadanos cubanos y la prohibición de salida del país para aquellos que sean de “interés público”, una forma de controlar la migración parecida a la famosa “carta blanca”, aquel documento oficial que los ciudadanos cubanos necesitaban obtener de las autoridades para salir legalmente del país.

Este permiso de salida fue obligatorio hasta 2013, y su concesión dependía de la aprobación de las autoridades cubanas, quienes tenían la potestad de otorgarlo o denegarlo según su criterio. Su eliminación permitió a los ciudadanos cubanos salir del país sin necesidad de este permiso, requiriendo únicamente un pasaporte válido y el visado si lo solicitaba el país de destino.

La Autoridad Migratoria podría disponer excepcionalmente la aplicación de la medida de limitación de entrada al país a ciudadanos cubanos, cuando concurran las causales siguientes:

1. Interés de garantizar la Defensa, Seguridad Nacional o el Orden Interior;
2. Medidas dirigidas a combatir o impedir la propagación de epidemias, catástrofes u otras calamidades públicas;
3. Orden e interés público;
4. Otras que puedan perjudicar o representen grave peligro para la ciudadanía.

El debate del nuevo proyecto, que aún no ha sido aprobado como ley, sirve como medidor del nivel de descontento social entre la población y el poder autoritario sobre los derechos humanos de los cubanos.

Razones para limitarle a un ciudadano la salida de Cuba

Por otra parte, están los supuestos donde una persona está impedida de salir del país de forma legal. Según el artículo 97, toda persona que se encuentre en el territorio nacional no puede salir del país mientras se encuentre comprendida en alguno de los supuestos siguientes:

1. Estar sujeto a proceso penal o de cualquier otra materia, siempre que haya sido dispuesta por las autoridades correspondientes la medida cautelar de prohibición de salida del territorio nacional, a fin de asegurar la eficacia del proceso y la efectividad de la sentencia;
2. Tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal en la que se haya establecido la prohibición de salida del país como sanción accesoria, excepto en los casos que se autorice de forma expresa por el tribunal competente;
3. Encontrarse sujeto al cumplimiento de las disposiciones sobre la prestación del Servicio Militar;
4. Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen;
5. Tener obligaciones con el Estado cubano o responsabilidad civil, siempre que hayan sido dispuestas expresamente por las autoridades correspondientes;
6. Carecer de la autorización establecida, en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país;
7. Carecer de la autorización establecida por las normas correspondientes, a los fines de garantizar la seguridad y protección de la información oficial;
8. Los menores de edad ciudadanos cubanos, a quienes les sea revocada la autorización de los padres o representantes legales, formalizada ante Notario Público, o a falta de esta autorización, no cuente con la resolución que así lo disponga un tribunal competente;
9. Cuando por otras razones de interés público lo determinen las autoridades facultadas;
10. Incumplir los requisitos exigidos en la presente Ley, la de Extranjería y sus respectivos reglamentos, así como en las disposiciones complementarias para salir del país.

Expertos legales y activistas han expresado su preocupación por el impacto que esta ley podría tener en la diáspora cubana y en aquellos que buscan abandonar la isla en busca de mejores oportunidades o para escapar de la persecución política. La aplicación de esta ley podría resultar en un incremento de las restricciones y controles fronterizos, dificultando aún más la salida del país.

La amplitud y vaguedad de términos como “razones de Defensa y Seguridad Nacional” o “razones de interés público” permiten interpretaciones subjetivas y arbitrarias. Esto facilita que el gobierno utilice estas disposiciones para reprimir a disidentes, activistas y periodistas, limitando la libertad de expresión y la oposición política.

La exigencia de autorizaciones específicas para preservar la fuerza de trabajo calificada y la seguridad de la información oficial limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. Profesionales altamente calificados pueden verse impedidos de participar en proyectos internacionales, obtener formación avanzada o contribuir al progreso científico y técnico global.

El proyecto de ley también contempla la deportación de ciudadanos cubanos que residan en el extranjero y que sean considerados una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. Esta disposición ha sido vista como una herramienta para silenciar a los críticos del régimen que viven fuera de Cuba.

Según la prensa oficialista, el proyecto de Ley de Migración está de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República de Cuba, en las leyes y en los tratados internacionales en materia migratoria. Busca una concepción sistémica de desarrollo dirigida a alcanzar una migración regular, ordenada y segura.