El nuevo cálculo de la pensión: una normativa más para privar a los cubanos de sus derechos
El nuevo decreto para pensionados y jubilados reconoce la incapacidad del régimen para hacer frente al gasto público.
Los jubilados en Cuba son cada día más vulnerables, las pensiones garantizan cada vez menos la satisfacción de sus necesidades básicas. Muchos, los que tienen capacidad, se han visto obligados a reinsertarse laboralmente. Medidas que toma el Gobierno como el Decreto 99, en línea con una política que dice hacer frente al creciente envejecimiento poblacional, complican el panorama a quienes, después de trabajar toda la vida, se ven impedidos de disfrutar plenamente del merecido descanso. El recién publicado cuerpo legal es una normativa más para privar a los cubanos de sus derechos. De paso, reconoce la incapacidad del Gobierno para hacer frente al gasto público.
El Decreto 99 señala que “el envejecimiento de la población cubana incide en el incremento de los gastos del presupuesto del sistema de seguridad social, debido al aumento del número de personas que arriban a la edad de jubilación y del tiempo de permanencia como pensionado”. También se refiere a la “disminución de los contribuyentes al sistema” ante la imposibilidad de reponer la fuerza de trabajo.
El gasto público, sin embargo, es resultante de una pésima gestión gubernamental, sobrecontrol y falta de incentivos y políticas sociales para incentivar a los jóvenes en edad laboral. Esto pretende ser subsanado con recortes y una parte lo pagan esos trabajadores en edad de jubilación a quienes corresponden más de 9.510 pesos de pensión.
La nueva normativa solo será de aplicación para los trabajadores del sector empresarial, quedando fuera el sector presupuestado (Salud y Educación, por ejemplo) y no se aplica para los pagos por maestrías y doctorados.
Solo se aplicará para aquellos trabajadores que se jubilen a partir del 4 de enero de 2024. Para los ya jubilados o los que se encuentren en tramitación se mantendrá la anterior normativa.
Las pensiones por edad e invalidez se determinan en Cuba al calcular el promedio del salario mensual de los cinco mejores años de los últimos 15 laborados. Este sistema no sufrirá ningún cambio, lo que ha modificado el Decreto 99 es el concepto de “salario mensual”, precisan abogados de DIARIO DE CUBA.
Lo que establece la norma solo será aplicable para los trabajadores que cobren utilidades o pago por resultados, convirtiéndose en un retroceso para aquellos que trabajan en el sector estatal y que han mantenido la idea de asegurar una “buena jubilación”. Esta aspiración se vio sustentada con las medidas aprobadas en 2021 para fortalecer la empresa estatal socialista. Tres años después, el Decreto 99 acaba con ella.
Sin otro fin que el de recortar el presupuesto a costa del esfuerzo de los trabajadores cubanos, la norma dice que, “como resultado del pago por la distribución de utilidades, se han generado pensiones con elevadas cuantías, por lo que se requiere modificar el procedimiento para determinar la base de cálculo de las pensiones por edad e invalidez total, a fin de atenuar los gastos del presupuesto de la seguridad social”.
No importa el esfuerzo, el derecho al trabajo, ni los ingresos acumulados de los trabajadores, solo recibirán el 100% del cálculo de la pensión aquellos que no excedan los 9.510 pesos (última escala salarial vigente).
La norma que entró en vigor el 4 de enero ha generado críticas, “dudas e inquietudes de la población” según Virginia Marlén García Reyes, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS). “Aclaraciones” de la funcionaria fueron recogidas en una nota del portal oficial Cubadebate en cuyos comentarios los jubilados han expresado su malestar por su situación general.
Para Luisa, lo que hace falta es que aumenten las pensiones. “Es imposible comprar en el agro, pagar el agua, luz, gas, en estos momentos que suben y suben los precios. Llámese vulnerable a todos los jubilados que por demás son una cifra considerable. Urge que nuestras pensiones sean aumentadas para vivir y no morir”.
Pedro Cabrera dijo en tono irónico: “Solo se va a afectar al sector empresarial, o sea, a los que aportan riqueza. No importa que ese salario devengado desde 2021 haya sido en base a las regulaciones salariares establecidas en el país, y que se haya aportado, mes tras mes, a la Seguridad Social. Sí, muy justo”.
José Reyes Fuentes lamentó: “Los jubilados antes del ordenamiento que estamos reincorporados al trabajo por razones obvias, pues tendremos que seguir hasta el último día, pues al parecer esa deuda de justicia no está en los planes de nadie”.
“Dos títulos universitarios, una maestría y 45 años de trabajo, 42 de ellos como profesor universitario, y me pagan 2.400 de jubilación, 20 dólares al cambio oficial de CADECA, y a los que se jubilaron después que yo le pagan cerca de 6.000. Quién se atreve a dar una explicación a algo tan injusto. Hasta ahora nadie. Esperemos que esta sea una de esas cosas que tengan solución más cerca que nunca”, dijo Fernando.
Un lector identificado como Rodríguez dijo: “Tengo 75 años. Me jubilé en 2010. En la actualidad vivimos mi esposa y yo con mi pensión de 1.678. Somos considerados vulnerables. A dónde tengo que dirigirme para que los trabajadores sociales evalúen mi caso. La estoy pasando bastante feo”.
La independencia económica de los adultos mayores en Cuba y las exiguas ayudas del Estado cubano a los más vulnerables se esfumaron tras el “ordenamiento monetario”. Este grupo poblacional se ha visto sumido en la miseria, mientras se agrava su situación con la inflación que padece la Isla. En febrero de 2022, Cuba tenía alrededor de 1.600.000 jubilados, y de ellos, más de la mitad cobraba el mínimo de esas pensiones.
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